César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, pedirá a una corte federal de Miami eliminar de su extradición a México nueve de las once transferencias de recursos públicos a empresas y personas allegadas, por las cuales enfrenta cargos de peculado y asociación delictuosa.
La defensa de Duarte informó el sábado pasado a la jueza Lauren Louis que antes del 30 de septiembre presentará una moción que, de ser exitosa, reduciría a solo dos las transferencias que podrían ser materia de la extradición a México.
Duarte, preso desde el 8 de julio en el Centro de Detención Federal en Miami, es requerido por México para responder por presunto peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.
Los abogados alegarán que en el caso de nueve transacciones, que sumaron 86.5 millones de pesos, el posible delito ya prescribió, de acuerdo a los plazos previstos en el Código Penal de Chihuahua, lo que dejaría vigentes solo dos transferencias.
Si bien el escrito presentado el sábado no la detalla, se trataría de operaciones de octubre de 2013 y noviembre de 2014, que son las más recientes, y que sumaron 10.1 millones de pesos.
Está por verse cómo se argumentará la prescripción, pues por lo menos desde 2010, en Chihuahua es imprescriptible el delito de peculado, en la modalidad que se imputa a Duarte.
El Tratado de Extradición México-Estados Unidos prohibe autorizar la entrega de un acusado por delitos que ya prescribieron de acuerdo a la ley del país requirente.
“En interés de la economía judicial, la Corte deberá resolver la moción para desechar por prescripción, antes de resolver la petición de extradición del Gobierno, ya que de ser exitosa la moción, se reducirían significativamente los hechos relacionados con dicha extradición”, afirmaron los abogados Armando Rosquete y Henry Bell.
La jueza Louis había dado a la defensa hasta el 30 de septiembre para contestar el memorándum de extradición que presentó el Departamento de Justicia, apoyando la solicitud de México.
Sin embargo, este domingo, la jueza extendió hasta el 30 de octubre el plazo para que la defensa responsa al memorándum.
La audiencia final para resolver sobre la extradición está agendada para el 10 de noviembre, pero Duarte cuenta con varias instancias de apelación en caso de una sentencia adversa.
El exgobernador, sin embargo, tendrá que decidir si quiere seguir preso en Estados Unidos, luego de que, el 14 de septiembre, la jueza Louis negó su petición de enfrentar el proceso en libertad bajo fianza o arraigo domiciliario.
Los abogados también se quejaron de la falta de acceso a su cliente, ya que por la pandemia de Covid-19, no pueden verlo en persona y el contacto está limitado a llamadas telefónicas de 30 minutos.
