La guerra contra el narcotráfico que comenzó en México en 2006 provocó que la cantidad de cuerpos que ingresaban a los anfiteatros aumentara tanto que, para fines de 2019, por lo menos 38.891 cadáveres no habían logrado ser identificados debido al colapso de los servicios médicos forenses.
Así lo revelaron los periodistas Efraín Tzuc y Marcela Turati en una investigación publicada en el sitio Quinto Elemento y que analiza por primera vez una de las facetas más trágicas dejadas por la estrategia bélica antinarco iniciada por el expresidente Felipe Calderón y que, en lugar de mermar el tráfico de sustancias ilícitas, solo incrementó la violencia en todo el país.
La paradoja es que, mientras los cuerpos sin identificar se siguen acumulando en las morgues o terminan en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina, decenas de miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos, en muchos casos, con sus propias manos.
Los periodistas demostraron la opacidad de la información oficial en torno a la crisis forense, ya que los datos de los cuerpos anónimos muchas veces ni siquiera quedan en los registros estatales y son dejados en funerarias o incinerados, eliminando así la posibilidad de que en algún momento se pueda recuperar su identidad.
De acuerdo con la investigación, en 2006 hubo por lo menos 178 cuerpos sin identificar, pero en 2007 la cifra aumentó a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4.408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se acumularon otros 4.905.
Así, la herencia de Calderón en la crisis forense fue de 9.349 cadáveres anónimos y la de Peña Nieto, de 17.590. En conjunto, el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento en estos 14 años.
Desaparecidos
En julio pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, reportaron que en el país había 73.201 personas desaparecidas o no localizadas, lo que demuestra la escala de la tragedia humanitaria que padece el país.
Las autoridades también revelaron que desde diciembre de 2006 hasta la fecha se habían encontrado 3.978 fosas clandestinas en las que se pudieron recuperar 6.625 cuerpos.
Muchas de esas fosas han sido encontradas y exploradas por los familiares de los desaparecidos que podrían haber obtenido respuestas del destino de la pareja, el hermano o el hijo que buscan en los miles de cuerpos arrojados a las morgues y que jamás fueron identificados por el Estado.
Según los datos recabados por Quinto Elemento, de los 39.891 cuerpos que no fueron identificados, 25.833 correspondían a hombres y 2.419 a mujeres, en tanto que en 10.639 casos ni siquiera fue especificado el género.
En un desglose geográfico, resulta que cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León.
La crisis forense comenzó a ser debatida en México septiembre de 2008, cuando un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Aunque al principio se especuló con un crimen narco, después se descubrió que las autoridades habían apilado 322 cuerpos en dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por las calles de Guadalajara, ya que los servicios médicos no tenían más capacidad para recibir más cadáveres.
Desde entonces, las “morgues móviles” siguen existiendo a lo largo del país, así como las incineraciones de cuerpos sin identificar o, de plano, la pérdida de cadáveres, ya que las autoridades de estados como de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas perdieron la pista de por lo menos 999 cuerpos. No saben qué pasó con ellos.
