Fueron detenidos por los elementos de la Guardia Nacional (GN) el pasado 8 de septiembre
Chihuahua– El abogado Gerardo Navarrete declaró ayer que elaboran un amparo para solicitar la protección de la justicia federal de los tres agricultores de La Cruz detenidos por los elementos de la Guardia Nacional (GN) el pasado 8 de septiembre, día en que se cometió el crimen de Jessica Estrella Silva Zamarripa en la ciudad de Delicias.
El litigante indicó a El Diario que buscarán interponer el amparo entre hoy viernes y el próximo lunes.
Familiares y defensores de los tres agricultores denunciaron la semana pasada que el Gobierno federal hace todo lo posible por hacerlos aparecer ante la opinión pública como terroristas y evitar a toda costa que declaren como testigos del ataque por parte de elementos de la Guardia Nacional contra Jessica Silva y Jaime Torres.
Se trata de los detenidos Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de portación de explosivos luego de la toma de La Boquilla el martes 8 de septiembre; de acuerdo con su abogado, los tres permanecen detenidos en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que se abriera una etapa de investigación complementaria que tendrá una duración de tres meses.
La defensa mencionó que por varias vías se presiona al juez Nelson Pedraza para que actúe de acuerdo con los intereses políticos del Gobierno federal para sembrar un delito, a pesar de que, según los abogados de los detenidos, “no hay evidencias de su culpabilidad”.
Según el dictamen de balística y criminalística emitido por el perito privado Víctor Hugo Vique Gutiérrez, no se encontraron cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que según la Guardia Nacional traían los inculpados, y que, de acuerdo con la defensa de los procesados, “les habrían sembrado al momento de la detención”.
Sorpresivamente, el juez de Distrito Néstor Enrique Pedraza Sotelo reclasificó y vinculó a proceso penal a los tres agricultores originarios de La Cruz por el delito de acopio y posesión de cartuchos, así como portación de uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal federal en Chihuahua dentro de la causa penal federal 186/2020 se evidenciaron irregularidades en el proceso judicial, en el cual el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la carpeta de investigación.
Los tres acusados, de entre 37 y 39 años de edad, permanecen recluidos en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.
