Noticias de Chihuahua.-
“No hagas cosas buenas que parezcan malas, Ni tampoco malas que parezcan buenas”, fueron las palabras de la presidenta de la comisión del Deporte en el Congreso de Chihuahua, Lourdes Valle Armendáriz, tras solicitar a la Auditoria Superior del estado y la Fiscalía General del Estado, a que realicen una investigación respecto a la creación y operación de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, en las que se involucra al director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Pedro Santa Rosa entre otros funcionarios de la institución por supuesto delito de peculado.
A nombre de la fracción parlamentaria de Morena, y la Diputada del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta, la también vicepresidenta del Congreso, aclaró que la constitución de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión en sus Siglas SAPI, no es negativa ni tampoco su participación en la promoción del deporte profesional.
No obstante, lo que sí es reprensible, son las adjudicaciones directas en la contratación de servicios por parte del Instituto como parece ser el caso de la Liga Estatal de Básquetbol, que posiblemente da lugar a la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas que son sancionadas por la Ley Federal de Competencia Económica.
“Esto enciende una alarma, pues tenemos personas que se desempeñan como funcionarios públicos y a su vez forman parte de una sociedad mercantil a la cual ellos mismos se asignan recursos públicos de forma discrecional mediante adjudicaciones directas”.
A su vez estas acciones son dañinas para el deporte chihuahuense, pues aunado a suponer la comisión de actos sancionables por la ley administrativa y penal, el recurso que pudiera destinarse al fomento del deporte no profesional y a la formación de fuerzas básicas en varios deportes, en su lugar, se destina a subvencionar empresas particulares en cuyos consejos de administración participan funcionarios públicos, expuso Valle Armendáriz.
Enfatizó que aún y cuando, el titular del deporte en el estado, renunció a dicha Sociedad, el 22 de mayo del presente año, esta puede resultar tardía, puesto que los supuestos de daño patrimonial al erario y de distracción de recursos públicos ya estarían consumados y por lo tanto deben investigarse cabalmente.
Por tal motivo el congreso del estado extiende un llamado a la Auditoria Superior del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en base indagatorias determinen si existe algún conflicto de interés y si éste da a lugar a alguna responsabilidad administrativa o penal conforme al marco jurídico vigente al momento de los hechos.
