«No han devuelto el tractor agrícola ‘M’ y la pala cargadora ‘FF’ al agraviado ‘G’, debiendo asumir las afectaciones que en su caso resulten»
El próximo 27 de octubre vence el plazo para que la Fiscalía Genera de Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), respondan a la recomendación número 5s.1.025/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en relación con el conflicto suscitado con manifestantes el 25 de mayo de 2019 en una brecha cercana a la caseta a Sacramento.
El organismo defensor de los derechos humanos, en su recomendación en contra de la actuación de decenas de elementos de la CES, estableció que se giren instrucciones para que a la brevedad posible se resuelva conforme a derecho lo procedente respecto a la devolución del tractor agrícola “M” y la pala cargadora “FF” al agraviado “G”, debiendo asumir las afectaciones que en su caso resulten.
La CEDH reportó ayer que todavía ambas instancias no dan respuesta por lo que todavía están en plazo de contestar. En el resumen de la recomendación, la CEDH resolvió que “un grupo de personas que se encontraba tratando de rellenar una zanja de gran profundidad y longitud en la denominada ‘Brecha Sacramento’, con la finalidad de que no volviera a ser utilizada para el tráfico vehicular de la zona.
Expuso que al estar realizando dicha actividad llegaron varias unidades de la Policía Estatal y de Vialidad y que una vez que los agentes descendieron de sus vehículos y comenzaron a someterlos utilizando la fuerza, ocasionándoles diversas lesiones, además de haber sido insultados, amenazados e intimidados.
Asimismo, las personas denunciantes hicieron referencia a diversos daños materiales que sufrieron en bienes de su propiedad”.
Agrega que “una vez integrada y concluida la investigación de los hechos denunciados, este organismo encontró elementos suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de las personas quejosas, específicamente los derechos a la integridad y seguridad personal; del mismo modo, se acreditó una violación a los derechos de propiedad de uno de los quejosos, por los daños ocasionados a su patrimonio y el aseguramiento indebido de un bien”.
En cuanto a la recomendación a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se hicieron las siguientes putualizaciones:
“Primera.- Para que inicie, integre y se resuelva conforme a derecho, un procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la Comisión Estatal de Seguridad y Agentes de la Dirección de Vialidad y Tránsito, División Policía Vial, involucradas en los hechos que se analizaron en la presente recomendación, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución, y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.
Segunda.- Reparar integralmente el daño causado a las víctimas “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “G”, “H” y “X”, en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, tomando en consideración lo previsto en los puntos 76 a 77.3 de la presente resolución.
Tercera.- Para que en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente resolución, se inscriba a “A”,“B”, “C”, “D”, “E”, “G”, “H” y “X”, en el Registro Estatal de Víctimas, por violación a sus derechos humanos y remita las constancias que lo acrediten.
Cuarta.- Para que tome las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos de naturaleza similar a las acontecidas en los hechos bajo análisis, y para tal efecto, en un término de tres meses se diseñe un curso de capacitación y adiestramiento de las personas Servidoras Públicas pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad y División de Policía Vial, con especial atención a la ética policial y a los derechos humanos, desde su formación inicial, de manera permanente y continua, remitiendo a este organismo pruebas de su cumplimiento
