Noticias de Chihuahua.-
Se tienen instrumentos en el orden internacional para acudir a instancias que México ha reconocido como idóneas para conocer de conflictos en materia de derechos humanos, dijo el gobernador Javier Corral, respecto a las acciones que en el tema de la seguridad pública y el agua de las presas ha emprendido el Gobierno Federal en contra de Chihuahua, dijo el gobernador Javier Corral.
“Estamos hablando de instrumentos legales reconocidos en la Constitución, y de Tratados Internacionales que México ha suscrito”, expresó el mandatario en entrevista con Ana María Lomelí, de Reporte Índigo Noticias.
El gobernador de Chihuahua habló del histórico pronunciamiento conjunto de los 10 estados que integran la Alianza Federalista, para acudir ante instancias legales en busca de revertir el recorte al gasto federalizado, la apropiación de recursos de fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal.
“Vamos a hacer uso de los instrumentos que la Constitución nos brinda, para impugnar estas decisiones, que lo que hacen es desandar el federalismo”, señaló.
Destacó que de continuar sin respuesta, acudirán a instancias legales tanto nacionales como internacionales.
Javier Corral explicó que toda la Alianza se encuentra a la espera de la publicación de la reforma que modificó un conjunto de leyes para eliminar 109 fondos y fideicomisos, ya que una vez publicada toma vigencia y es cuando se activa el periodo para presentar la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Nosotros creemos que será una magnífica oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirme y reivindique el contrapeso que significa en el sistema de la división de poderes, sobre todo ante decisiones que evidentemente violentan derechos, que están vulnerando derechos de distintos sectores de la sociedad mexicana”, destacó.
Dijo que la Corte es la primera instancia, sin embargo, añadió que hay diversos instrumentos legales, “hay un conjunto de particulares y de instituciones que mediante la figura del Amparo pueden acudir a la justicia federal para proteger los derechos que se vulneran con la con la extinción de los 109 fideicomisos”.
En el caso de las entidades federativas, informó que se cuenta con varios elementos como la Acción de Inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional.
En el caso del presupuesto, indicó que al ser la instancia correspondiente la Cámara de Diputados, donde existe una mayoría del partido de Morena “que impone las cosas sin mayor reflexión”, se generará una presencia de los gobernadores de la Alianza Federalista, para que la población sepa quiénes están tomando esas decisiones regresivas.
Consideró que de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto va a representar una enorme afectación a los estados.
“Estamos cerrando filas mediante pronunciamientos específicos de cada entidad, en denuncia a los irreflexivos recortes al gasto federalizado, a la apropiación de los recursos de 109 fideicomisos y a la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia del COVID-19”, detalló.
Se trata, dijo Javier Corral, de la exigencia de justicia de un conglomerado social que está viendo la inequidad del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en espera de que tengan la capacidad y sensibilidad de corregirlo.
“Vuelven a generar una dinámica de concentración de poder, de facultades, de recursos, en lo que es un modelo de restauración autoritaria del presidencialismo en México”, subrayó.
El titular del Ejecutivo estatal indicó que los mandatarios de la Alianza Federalista han tenido declaraciones claras y contundentes en el sentido de que no quieren la confrontación, pero que tampoco permitirán el abuso ni el atropello.
“No nos podemos quedar callados cuando la Federación se quiere agandallar no solamente los recursos de los fideicomisos, sino convertir el presupuesto de la federación en un instrumento de las prioridades del Presidente, abandonando las demandas de nuestras entidades”, enfatizó.
Consideró que elevando el nivel de denuncia se puede generar que el Gobierno de la República responda, ya que hasta la fecha ha permanecido indiferente y con “oídos sordos”.
